viernes, 9 de septiembre de 2016

Agrios edulcorados…
Caso 276: A las puertas del infierno
Sep.09.2016

No puedo decir que soy un seguidor de Julio Martínez Pozo, sus opiniones por lo general están encaminadas en una sola dirección y no me gustan los periodistas con anteojeras, eso se les deja a los caballos en el hipódromo. Además, esa acción, para mi deleznable, al renunciar en masa a Bienvenido Rodríguez hace cuatro años, previo a las elecciones del año 2012, independientemente de sus razones, a donde le siguieron Euri Cabral, Víctor Gómez Casanova, José La Luz y Melton Pineda dejó mucho que desear, o quizás terminó de mostrar todo lo que ya sabíamos.

Cuando me inicié en el periodismo, hace ya muchos años, entre los compañeros de las distintas redacciones corría la especie de que había que tener su visado de los Estados Unidos. “El que no tiene visa no es gente”, se decía. Muchos en el país, sin importar clase social, son de la misma creencia. El visado norteamericano concede un status que no es tal, pero está arraigado en la psiquis nacional. La cancelación del documento para viajar a territorio norteamericano es para muchos como visitar el infierno, sin pasar por “go” ni cobrar “200”.

Como era de esperarse, esta mañana (Sep.09.2016) me encontré en el dial con el programa que ellos mantienen por la 106.5 y la apología que este señor hizo sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarle los visados a Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), tanto el oficial como el ordinario (personal), era una oda a la complicidad partidaria.

Es valido todo aquello: Rosario Márquez no ha matado a nadie, no ha traficado con drogas, no ha lavado activos (yo, particularmente no metería la mano en la candela por él)… pero decir que únicamente ha cumplido con lo que establece la Constitución de la República es demasiado. Quizás no haya matado a nadie, pero de que ha matado más de una esperanza nacional lo ha hecho y las páginas de la historia siguen sin detenerse ante estos actos consumados.


Que ha sido una trama de la Organizaciones No Gubernamentales, encabezada por una donde figura la dominicana Julissa Reynoso, pasada embajadora de los Estados Unidos en Uruguay; que el activismo del embajador James Brewster, a quien todos conocemos como Wally, ante distintas instancias dentro del Departamento de Estado; que ha sido la labor de dominicanos que se han sumado a la causa contra Rosario Márquez y otras menudencias, pues debió de bajarle algo, como se dice en la calle.

Rosario Márquez no es un niño de teta, tampoco un ser inocente colocado al frente del organismo que tiene como objeto manejar el registro civil y organizar los comicios, velando por que estos sean democráticos e imparciales. Ente donde deben ser priorizados aspectos como credibilidad, transparencia, equidad y actuación permanente en apego a las disposiciones legales. En la página digital de la JCE se puede encontrar: “garantizar la integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad cumpliendo con las normativas legales existentes”.

Además añade: “organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democráticos en el país y en los partidos políticos”.

El presidente de la JCE forma parte de un mundillo de actores que ya pasó de moda en todo el globo terráqueo, pero que los gobernantes de ocasión en República Dominicana se empeñan por mantener a toda costa.

Rosario Márquez, miembro del organismo desde el 2003, presidente desde el 2010 y actor de primera línea por la incapacidad o pusilanimeria de Julio César Castaños Guzmán, es un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), miembro de su Comité Central, y ampliamente favorecido de manera reiterada por las administraciones de Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez. Todo ello ampliamente desglosado en las páginas de los diarios nacionales. La costura entre el presidente de la JCE y su afinidad hacia el peledeismo siempre ha parecido demasiado firme.

Rosario Márquez dejó muchas interrogantes en este proceso electoral; enormes pecados en el camino. Renovación del documento de identidad, licitaciones que fueron manejadas a su antojo, compra de equipos que no sirvieron para nada, las impresoras, los lectores, construcciones de oficialías de enorme impacto en las comunidades (en muchos puntos del país las oficinas de la Junta Central Electoral se han convertido en las construcciones más relumbrantes de los pueblos, más que los hospitales, más que los mercados públicos, más que las escuelas). Además, proclamó un vencedor, en este 2016, antes de que las urnas se cerraran oficialmente y marcó tendencia con el porcentaje.

El affaire de la JCE con el Gobierno Dominicano ha sido sobrellevado hasta cotas decisivas. Ha dejado un pesado fardo de hojarasca, que bastaría para ser combustible de un incendio de llamas abrasadoras. Mientras, la oposición se ciñe a los dictámenes nada hace detonar el tenso equilibrio

Nosotros no nos hemos atrevido a decirle a Rosario Márquez que su tiempo terminó, al contrario, tienen que venir de fuera a restregárnoslo en la cara, y no de buena manera. En este cuadro fragmentado nadie puede estar seguro, con tantas trampas que se tienden desde el Gobierno que le llegó la hora a este macabro personaje.


La renovación no partidista de la JCE es de momento una palabra, no un hecho concreto.


Me gustaría ver como otros funcionarios reciben el castigo moral de la retirada de los visados, y que ello se haga de manera pública. Porque en este país la impunidad no será castigada, por lo menos de momento.

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